A pesar de acumular un retraso de más de 10 meses, el Gobierno de coalición aprobaba hace unos días la nueva Ley de la Vivienda en la que, como ya hemos comentado en varias ocasiones, se caracteriza por un mayor intervencionismo del mercado inmobiliario en general.

Precisamente fue en nuestro último blog en donde intentábamos dar respuesta a una de las medidas que irá incluida en esta nueva ley, que no es otra que la de limitar el precio del alquiler. Demostrábamos, además, no solo con datos, también con ejemplos prácticos como en ciudades como Barcelona o Berlín este tipo de actuaciones han tenido el efecto contrario al esperado.

A lo largo de los últimos días se han ido filtrando las líneas principales en la que se basará esta nueva regulación, algo que ha suscitado fuertes críticas entre prácticamente todos los agentes del sector. ¿Cuáles son las más polémicas?

  • VPO: Una de las propuestas podría estar encaminada a que, en todas las promociones de obra nueva que se inicien, debe destinarse el 30% a vivienda protegida y la mitad de ese porcentaje a alquiler social.

Tras el revuelo desatado, fue el propio Ejecutivo el que tuvo que salir a matizar que, en este caso, serán los ayuntamientos los que finalmente decidirán si aplican o no dicha medida y, en el caso de hacerlo, tendrán que compensar a los promotores cediéndoles terrenos de similar tamaño en otra parte del municipio y, en el caso de que dicha zona sea menos atractiva, el suelo cedido deberá ser de mayor tamaño.

  • Intervención de precios: Es una de las propuestas que mayores críticas ha suscitado debido a la falta de claridad y precisión en muchos de sus términos. Las malas experiencias vividas en ciudades catalogadas como “tensionadas” como son Barcelona y Berlín y que ya hemos comentado previamente, ha provocado la reacción de toda la cadena de valor que compone el sector inmobiliario.

Para intentar suplir estos efectos negativos, el Ejecutivo llevará a cabo una distinción entre pequeño y gran tenedor en lo que respecta al número de inmuebles, otorgando al primer colectivo un paquete importante de bonificaciones para incentivarle a bajar los alquileres y castigando al segundo reduciendo de manera importante el porcentaje de bonificación en el impuesto de sociedades, pasando del 85% al 40%, una medida que, según el Gobierno, servirá para compensar las exenciones del colectivo de pequeños propietarios.

  • Subidas del IBI: La nueva Ley incluirá el llamado “impuesto a la vivienda vacía” mediante el cual se otorgaría potestad a los ayuntamientos a llevar a cabo recargos de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas desocupadas.

 

  • Bono vivienda para jóvenes: Entre el paquete de medidas anunciado se incluyó un bono vivienda de 250 euros para jóvenes entre 18 y 35 años que tengan un contrato laboral en vigor y se demuestre que tengan unas rentas anuales por debajo de los 23.725 euros. Tendrá una duración máxima de dos años. Con el objetivo de dar mayor urgencia a la medida, el bono no estará incluido en la Ley de la Vivienda sino en los Presupuestos Generales de 2.022, de ahí que su aplicación sea inmediata.

 

Apenas han pasado unos días desde la aparición de la noticia y las reacciones no se han hecho esperar. La principal crítica se ha centrado en la ineficacia que tendrá dicha norma, adornada de artificios políticos y electorales, sin que ninguna de las medidas propuestas vaya a ayudar a resolver el gran problema de fondo que existe con la vivienda en España.

Lo que está claro es que este intervencionismo tan agresivo en el sector podría conllevar un frenazo en seco de la inversión, tirando por los suelos la sólida remontada que se venía experimentando tras la pandemia.

La falta de seguridad jurídica, con un marco regulatorio altamente perjudicial para los grandes tenedores de viviendas, podría tener el efecto contrario al deseado, de ahí que no hayan tardado en salir diferentes políticos autonómicos para gritar a los cuatro vientos que en sus comunidades no se aplicará dicha ley.

Como ya hemos mencionado, existen otras muchas soluciones que podrían ayudar a encauzar el tema de la vivienda (acuerdos público-privados, aumento de la oferta de vivienda, lanzamiento de un paquete de incentivos fiscales más amplio, etc.) eso sí, menos populistas y con una visibilidad a medio y largo plazo algo que, como es lógico, choca de lleno con esta nueva política desnortada y de improvisación constante que vivimos hoy día.