Plan España 2050

En los últimos días hemos asistido a la enésima pirueta política del Gobierno centrada, esta vez, en el lanzamiento de una hoja de ruta para España de cara a los próximos 30 años. Una especie de carta a los Reyes Magos en el que se han incluido a todos los sectores para, según el Plan España 2050, “hacer entre todos el país que queremos dentro de 30 años”.

Como era de esperar, las críticas no han tardado en llegar, no por el plan en sí, sino por el momento en el que se presenta. Con la difícil situación económica que atraviesa el país tras el machetazo de la pandemia y con Europa esperando desde hace meses un plan de reformas estructurales por parte del Gobierno que nunca llega, la presentación de esta agenda a 30 años parece, cuanto menos, algo complicado de justificar.

La mayor parte del consenso de analistas políticos y económicos han hecho hincapié en la imperiosa necesidad que existe en resolver los problemas del corto plazo antes de vislumbrar de forma mesiánica lo que, a su entender, debe ser España en 30 años. Y más cuando los datos confirman mes a mes que la economía española sigue perdiendo terreno con respecto a las más desarrolladas.

Es por ello por lo que se hace vital la aprobación de un paquete de medidas económicas y fiscales que ayuden a reflotar la situación, en lugar de atajar por el camino más corto, como es el de la subida generalizada e indiscriminada de impuestos.

Dicho esto, y, sobre todo, dejando claro que este blog tiene una finalidad inmobiliaria y no de crítica política, nuestra entrada de esta semana la dedicamos a extraer lo más significativo en lo que a inmobiliario se refiere del Plan España 2050, con el objetivo de vislumbrar hacia donde apunta el Gobierno en lo que a tendencias a largo plazo se refiere.

¿Cuáles son los principales objetivos marcados para el inmobiliario en 2050?

  • Creación de un marco fiscal adecuado para elevar la oferta de alquiler a precios asequibles y favorecer el acceso a menores con rentas bajas, con especial atención a los ámbitos territoriales sujetos a mayor tensión.
  • Reducir el porcentaje de población que sufre sobrecarga financiera asociada al pago de la vivienda con especial foco en la población que vive en alquiler.
  • Incentivar las nuevas formas de propiedad, como pueden ser la temporal o compartida, actuando, así como alternativas a las tradicionales como son las de propiedad al uso o propiedad para alquiler.
  • Implantación de nuevas medidas que ayuden a fomentar el alquiler de las viviendas vacías. En este sentido apuntan a la creación o mejora de bolsas de intermediación pública de alquiler, así como la creación de marcos de colaboración público-privado que contribuyan a una mejor gestión.
  • Incremento de la disponibilidad de vivienda pública y social, además de establecer mecanismos de protección sobre el patrimonio público de vivienda. En este sentido, el Ejecutivo afirmó que, debido a la actual situación económico-social cada vez habrá un número mayor de personas que necesiten el apoyo del Estado para acceder a una vivienda. Los últimos cálculos apuntan a que en 2030 esta cifra podría alcanzar hasta los 2,6 millones de viviendas frente a los 1,5 millones que según los informes más recientes se necesitarían en la actualidad.
  • Aumento del porcentaje anual de vivienda rehabilitada con el objetivo de llegar al 2050 con el 2% del parque total rehabilitado. El objetivo es intentar promover la eficiencia energética en la edificación residencial intentando reducir para dicha fecha hasta en un 35% el consumo de energía.

Tal y como podemos comprobar, es un plan ambicioso que busca atajar una gran parte de los problemas intrínsecos del sector. Pero, como todo plan a largo plazo, son escenarios puramente teóricos.

Lo que sí es una realidad, por ejemplo, es el plan recientemente aprobado por la Unión Europea llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia al que ha dotado de 672.500 millones de euros a repartir entre subsidios a fondo perdido y préstamos y que tiene como objetivo afrontar las consecuencias económicas derivadas de la pandemia.

De toda esta cantidad España recibirá finalmente 7.320 millones de euros de los cuales, 2.400 millones irán destinados a vivienda y barrios, 500 millones para ciudades con menos de 5.000 habitantes con el fin de combatir la despoblación, 1.080 para edificios de comunidades y Ayuntamientos, 1.000 millones para edificios de la Administración del Estado, 20 millones para que las propias entidades locales diseñen sus planes de acción de la Agencia Urbana y 300 millones para la convocatoria del Instituto para la Diversificación Energética.

Como ya hemos mencionado en otras ocasiones, esta visibilidad que ofrece en el medio y largo plazo el sector ha sido el catalizador perfecto para que los principales jugadores nacionales y extranjeros hayan activado en los últimos meses el botón rojo de las inversiones buscando ocupar cuanto antes el mayor espectro posible de este nuevo tablero inmobiliario.

En resumen, muy buenas noticias en general para un sector que, una vez más, volverá a jugar un papel clave en la recuperación económica.

Imagen obtenida de Unsplash